Abogados especialistas en impugnación de acuerdos comunidad de propietarios en Madrid

Impugnar los acuerdos adoptados en una Junta de Propietarios en la Comunidad de Madrid requiere seguir un procedimiento establecido en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), ajustándose a las condiciones y plazos estipulados por la legislación vigente.

En primer lugar, es fundamental que el propietario que desee impugnar un acuerdo haya salvado su voto en la Junta, si hubiese estado presente, o bien que manifieste su disconformidad en el plazo de 30 días naturales si no asistió a la misma por cualquier causa. También pueden impugnar los ausentes que no se hubieran enterado de la convocatoria, siempre que demuestren esta circunstancia.

La impugnación debe realizarse ante los tribunales competentes y puede basarse en distintos motivos: que el acuerdo sea contrario a la ley o a los estatutos de la comunidad, que resulte lesivo para los intereses de la comunidad en beneficio de uno o varios propietarios, o que perjudique a algún propietario que no tenga la obligación legal de soportarlo, o que hayan sido adoptados sin las mayorías necesarias.

Es fundamental presentar la demanda dentro del plazo de tres meses desde la adopción del acuerdo si este fuera contrario a la ley o a los estatutos, o de un año si el acuerdo es lesivo o perjudicial. Para los acuerdos que requieren una mayoría cualificada, el plazo será de un año si no se constituyó válidamente la junta.

El propietario debe solicitar la asistencia de abogado y procurador para presentar la demanda, salvo que la cuantía no supere los límites que obligan a su intervención. En el proceso, se deberá acreditar la condición de propietario, la asistencia a la junta o la razón de la ausencia y, si fuera posible, proporcionar pruebas que sustenten las razones para impugnar.

Una correcta estrategia legal antes de emprender acciones judiciales puede incluir la revisión de documentación por parte de un experto en propiedad horizontal, el asesoramiento sobre la viabilidad de la impugnación y la búsqueda de soluciones alternativas que puedan evitar el procedimiento judicial.