Abogados especialistas en reclamación de deudas comunidad de propietarios en Castilla-La Mancha
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Para iniciar una reclamación de deuda, la comunidad de propietarios debe seguir ciertos pasos formales. Primero, es esencial que el presidente de la comunidad, que representa al conjunto de propietarios, convoque una junta en la que se acuerde iniciar la reclamación contra el deudor. Esta decisión se debe tomar por mayoría simple de los propietarios presentes y representados en la junta y debe quedar debidamente reflejada en el acta.
Una vez tomada la decisión, la comunidad por medio de su presidente o el administrador, si lo hubiera, debe comunicar formalmente al deudor la cantidad adeudada y requerirle el pago de la misma. Este comunicado debe ser fehaciente, por lo que es aconsejable que se realice mediante burofax o cualquier otro método que deje constancia legal de su recepción.
Si la deuda no es satisfecha tras este requerimiento, la comunidad podrá proceder a instar el cobro de la misma por la vía judicial. Para esto, deberá presentar una demanda ante los tribunales competentes, que en Castilla-La Mancha se hará en el juzgado de primera instancia del lugar donde se ubique la finca. En la demanda, deberán constar el importe exacto debido, los detalles del propietario deudor y la certificación del acuerdo de la Junta de propietarios en la que se acordó la reclamación.
En el proceso judicial, si el Juez estima la demanda, dictará una sentencia condenando al deudor al pago de la cantidad adeudada, más los intereses correspondientes y las costas judiciales si procediera. La sentencia será firme y ejecutable, lo que permitirá a la comunidad iniciar los trámites de ejecución forzosa para satisfacer la deuda.
Es importante recordar que, de acuerdo con la normativa, las comunidades de propietarios pueden también inscribir un derecho de crédito en el Registro de la Propiedad respecto de los deudores morosos, con el efecto de que este derecho acompañe al título de propiedad y cualquier transacción futura con el inmueble en cuestión.
Todo el proceso debe ser manejado con diligencia y en estricto cumplimiento de la legalidad, por lo que no es infrecuente que la comunidad decida asesorarse o ser representada por un profesional como un abogado o un administrador de fincas, especializado en la materia.
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