Demandar incumplimiento de contrato
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¿Cómo obtener el demandar incumplimiento de contrato en Pontevedra?
Primeramente, es aconsejable buscar la asistencia de un abogado especializado en derecho contractual, quien podrá ofrecer asesoría sobre la viabilidad de la demanda y la estrategia a seguir. El abogado revisará el contrato en cuestión para verificar las cláusulas y determinar el incumplimiento en base a la legislación aplicable.
Antes de presentar la demanda, se suele intentar resolver el conflicto por la vía extrajudicial, mediante una comunicación escrita dirigida a la parte incumplidora solicitando el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o, en su caso, la reparación del daño causado. Esta comunicación puede ser un requerimiento formal o un burofax, y en ella se puede establecer un plazo para resolver el incumplimiento.
Si estos intentos no tienen éxito, se procederá a la redacción de la demanda detallando los hechos, el incumplimiento y las pruebas que lo corroboran. Además, se especificará la compensación o reparación que se solicita. La demanda se presentará en el Juzgado de Primera Instancia competente según el domicilio de la parte demandada.
Una vez presentada la demanda y abonadas las tasas judiciales correspondientes, el juzgado admitirá la demanda a trámite y notificará a la parte demandada para que pueda presentar su contestación. A partir de ahí, se seguirá un procedimiento judicial que puede incluir la fase de visto para sentencia, juicio y, eventualmente, la sentencia que resuelva el conflicto y dicte las obligaciones para las partes implicadas.
Es importante tener en cuenta que, en materia de contratos, existen plazos de prescripción para ejercitar la acción legal. Por lo tanto, se debe actuar con la debida diligencia y no demorar en iniciar el proceso de demanda.
¿Cuánto cuesta realizar la demandar incumplimiento de contrato en Pontevedra?
Se han solicitado 6 presupuestos de demandar incumplimiento de contrato en Pontevedra . El precio mínimo son 300€ y el precio máximo son 6000€, a los que hay que sumarle el IVA y las tasas administrativas de registro, que varían dependiendo de la comunidad autónoma.
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