Legalizar instalación fotovoltaica aislada
en Castilla y León

La legalización de una instalación fotovoltaica aislada en la Comunidad de Castilla y León implica cumplir con una serie de requisitos técnicos y administrativos que garantizan su adecuación a la normativa vigente y su correcto funcionamiento. Las instalaciones fotovoltaicas aisladas son aquellas que no están conectadas a la red eléctrica y, comúnmente, proveen energía a viviendas, explotaciones agrícolas o cualquier otro tipo de edificación en áreas donde el acceso a la red eléctrica es complicado o inexistente.



Iniciar el proceso de legalización requiere primero elaborar un proyecto técnico que esté firmado por un técnico competente, en el que se detallen las características de la instalación, como pueden ser la potencia del sistema, los componentes que lo integran (paneles solares, inversores, reguladores, baterías), el emplazamiento y el esquema de conexión.



Posteriormente, es necesario presentar este proyecto junto con una solicitud de legalización ante el órgano competente de la Junta de Castilla y León, que suele ser la Consejería de Economía y Hacienda o la Dirección General de Energía y Minas, según la normativa autonómica.



Tras la presentación de los documentos, se debe esperar a que los técnicos correspondientes realicen la revisión del proyecto. Si todo está conforme, la administración otorgará el permiso de operación, que incluye la inscripción en el Registro de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica en Régimen Especial, cuando proceda.



Es importante tener en cuenta que, aunque la instalación sea aislada, si se tiene previsto vender excedentes de energía o solicitar incentivos o subvenciones públicas, se debe cumplir con requerimientos adicionales como la inscripción en el registro de autoconsumo y potencialmente en el mercado de producción de energía.



Para el proceso de legalización, puede resultar de gran utilidad contar con el apoyo de empresas especializadas en instalaciones fotovoltaicas que pueden asesorar y gestionar todos los trámites necesarios, así como asegurarse de que el diseño y la puesta en marcha de la instalación se hagan conforme a la normativa vigente, facilitando el proceso y evitando posibles contratiempos.