Legalizar instalación eléctrica
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¿Cómo obtener el proyecto de legalización de instalación eléctrica en País Vasco?
El proceso comienza con la contratación de una empresa instaladora autorizada que se encargará de proyectar y ejecutar la instalación según las normas técnicas de edificación y electrotecnia aplicables. Una vez finalizada la instalación, el instalador debe elaborar y firmar el certificado de la instalación, en el que se incluye:
1. Datos del titular de la instalación y del punto de suministro.
2. Especificaciones técnicas de la instalación realizada.
3. Esquemas y planos de la instalación.
4. Memoria técnica descriptiva.
Después de esto, el certificado debe ser presentado ante el Departamento de Industria del Gobierno Vasco, ya sea presencialmente o a través de la sede electrónica, acompañado de la documentación adicional requerida, que pueda incluir, por ejemplo, actas de inspección o pruebas de funcionamiento. Tras verificar que la documentación está completa y que la instalación se ajusta a la normativa, el órgano competente procederá a registrar la instalación eléctrica, manteniendo un archivo de todas las instalaciones legalizadas.
Es importante recordar que, para la legalización de instalaciones de mayor envergadura o que afecten a la seguridad de edificios con uso público, es posible que se requieran inspecciones adicionales por parte de organismos de control autorizado (OCA), los cuales emiten un informe favorable necesario para la legalización definitiva de la instalación.
Este proceso de registro y legalización no solo es necesario para garantizar la seguridad de las instalaciones y de las personas que las utilizan, sino que también es un requisito imprescindible para poder realizar la contratación del suministro eléctrico con las compañías distribuidoras.
¿Cuánto cuesta realizar la legalizar instalación eléctrica en País Vasco?
Se han solicitado 48 presupuestos de legalizar instalación eléctrica en la comunidad autónoma de País Vasco . El precio mínimo son 600€ y el precio máximo son 3000€, a los que hay que sumarle el IVA y las tasas administrativas de registro, que varían dependiendo de la comunidad autónoma.
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