Legalizar vivienda
en Castilla y León

Para legalizar una vivienda en la Comunidad de Castilla y León, es imprescindible seguir una serie de pasos burocráticos que aseguren que la edificación cumple con la normativa urbanística vigente. Este proceso es necesario, sobre todo, si la vivienda fue construida de manera irregular o sin los permisos pertinentes.



Inicialmente, el propietario debe verificar si su vivienda se encuentra en suelo urbano, urbanizable o no urbanizable, ya que las condiciones para legalizar pueden variar en función de esta clasificación. Para ello, consultar el planeamiento urbanístico en el Ayuntamiento correspondiente o en la Junta de Castilla y León es un paso fundamental.



Una vez determinada la clasificación del suelo, es conveniente solicitar el asesoramiento de un arquitecto o técnico competente. Este profesional evaluará la situación actual de la vivienda y la comparará con la normativa aplicable para determinar qué ajustes, reformas o documentación son necesarios para proceder con la legalización.



En caso de que la edificación haya sido construida hace más de cuatro años, se podría solicitar un reconocimiento de fuera de ordenación o asimilado a fuera de ordenación en caso de cumplir los requisitos, lo que permite su reconocimiento sin la posibilidad de obtener licencias de obra mayor.



El siguiente paso será presentar una serie de documentos en el Ayuntamiento, que generalmente incluyen:



1. La solicitud formal de legalización o de declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación.

2. Documento de identidad del solicitante.

3. Escritura de propiedad de la vivienda o documento que acredite la titularidad.

4. Proyecto técnico, redactado por un técnico competente, que describa la situación actual de la vivienda y demuestre que cumple con la legalidad urbanística, o que aporte soluciones para adecuarse a la misma.

5. En su caso, licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad.



También es posible que se requiera un certificado de antigüedad del inmueble, demostrando que la construcción es anterior al régimen disciplinario urbanístico. Esto es especialmente relevante en viviendas que no se pueden legalizar por estar en suelo no urbanizable protegido.



Después de presentar toda la documentación, se procederá a una revisión por parte de los técnicos municipales y, si procede, la inspección de la vivienda. Finalmente, se emitirá una resolución que podría ser favorable a la legalización, imponer algún tipo de condición, o ser desfavorable.



Es importante mencionar que este proceso puede variar en función de los detalles específicos del caso y de la legislación vigente al momento de la solicitud, por lo que se recomienda consultar siempre con el Ayuntamiento y un técnico especializado.