Calcular valor catastral
en Melilla

El valor catastral es un valor administrativo que se asigna a cada bien inmueble en España, y su cálculo se efectúa teniendo en cuenta las características físicas, económicas y legales de los inmuebles. En la Ciudad Autónoma de Melilla, como en el resto del país, el valor catastral es determinado por la Dirección General del Catastro, la cual depende del Ministerio de Hacienda.

Para calcular el valor catastral en Melilla, se consideran factores como la ubicación del inmueble, el uso al que está destinado (vivienda, oficina, comercio, etc.), su antigüedad, la calidad de la construcción, y otros elementos que influyen en su condición física y su valor en el mercado. La valoración se estructura en dos partes: el valor del suelo y el valor de construcción.

El proceso de asignación del valor catastral suele realizarse automáticamente a través de un procedimiento masivo de valoración que se realiza periódicamente. No obstante, los valores pueden ser revisados individualmente a petición de los propietarios o como resultado de modificaciones importantes en las propiedades, como reformas o ampliaciones.

Una vez que el valor catastral es calculado, se inscribe en el Registro Catastral, el cual es un registro administrativo público. El propietario del inmueble o su representante legal puede consultar este valor accediendo a la Sede Electrónica del Catastro o acudiendo a las oficinas de la Gerencia Territorial del Catastro en Melilla.

Si hubiera discrepancias o si se desea solicitar una rectificación del valor catastral, el propietario puede presentar una reclamación económico-administrativa. Es importante mencionar que el valor catastral es la base para el cálculo de varios impuestos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal).

En resumen, para conocer y registrar el valor catastral de un inmueble es crucial interactuar con la Dirección General del Catastro, verificar los valores asignados y, de ser necesario, proceder con los mecanismos de revisión y reclamación previstos por la legislación española.