Certificado de accesibilidad
en Andalucia

Obtener un Certificado de Accesibilidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía requiere cumplir con una serie de pasos y normativas que garantizan la plena accesibilidad de los espacios y servicios a todas las personas, en particular a aquellas con discapacidad. Este certificado es una herramienta que avala que las construcciones, instalaciones y servicios están adaptados conforme a los criterios de accesibilidad vigentes.



El proceso comienza con la realización de un diagnóstico de accesibilidad por parte de técnicos cualificados. Este diagnóstico o evaluación debe basarse en la normativa de aplicación, que incluye el Código Técnico de la Edificación, así como la Ley de Accesibilidad de la comunidad y sus respectivos decretos y reglamentos.



Una vez realizado el estudio, se procede a la implantación de las medidas correctoras necesarias en caso de detectarse deficiencias. Las mejoras pueden implicar desde la eliminación de barreras arquitectónicas hasta la implementación de señalética adaptada y sistemas de información accesibles.



Después de efectuar las adecuaciones necesarias, la entidad responsable o el propietario deben solicitar el certificado ante la Consejería competente en materia de accesibilidad de la Junta de Andalucía. El trámite puede iniciarse mediante la presentación de una solicitud junto con la documentación que acredite que se cumplen los requisitos de accesibilidad, incluyendo el informe técnico del diagnóstico, las actas de inspección y las certificaciones de las obras realizadas.



El registro del Certificado de Accesibilidad suele efectuarse en el Registro de Certificados de Accesibilidad de Andalucía, gestionado por la consejería pertinente. En este registro quedan anotados los datos del edificio o servicio, así como las características que avalan su accesibilidad.



Es fundamental destacar que el proceso de obtención y registro de este certificado no solo es un requisito para el cumplimiento de la ley, sino que también es una muestra de compromiso social y de responsabilidad por parte de los gestores de espacios públicos y privados para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad en el acceso a servicios y actividades.