Legalización de instalación contra incendios
en Andalucia

La legalización de las instalaciones contra incendios en la comunidad autónoma de Andalucía, al sur de España, es un procedimiento regulado por normativas específicas cuyo objetivo es garantizar que dichas instalaciones sean seguras y efectivas para la protección de las personas y los bienes frente a una posible emergencia por incendios. La legislación en materia de protección contra incendios establece los requisitos técnicos y de diseño que deben cumplir las instalaciones y sistemas, así como su proceso de registro y mantenimiento posterior.



Para llevar a cabo la legalización de una instalación contra incendios, el titular de la misma -ya sea en una edificación nueva o existente- debe seguir un proceso que comienza con el diseño y la planificación concordantes con los reglamentos establecidos por el gobierno autonómico andaluz y la legislación nacional aplicable. Este diseño suele realizarse en cooperación con ingenieros técnicos o empresas especializadas en protección contra incendios.



Una vez diseñada la instalación conforme a los parámetros legales, es necesario presentar el proyecto técnico ante el órgano competente de la Junta de Andalucía para su revisión y aprobación. El proyecto debe incluir planos detallados, cálculos de ingeniería, y una descripción de los elementos y sistemas de protección (como detectores de humo, rociadores automáticos, extintores, etc.), asegurando su adecuación a las normativas vigentes y a las características específicas del inmueble.



Tras la presentación del proyecto, se procede a la ejecución de las obras o instalaciones, las cuales deben ser realizadas por personal cualificado y empresas autorizadas. Sobre la conclusión de las obras, se requiere una inspección y certificación por parte de un organismo de control autorizado (OCA) que verifique que la instalación se ha ejecutado según el proyecto aprobado y que cumple con todas las normas de seguridad.



Finalmente, el resultado satisfactorio de la inspección conlleva la obtención de un certificado de instalación, y es este documento el que se debe presentar para el registro definitivo en el correspondiente organismo de la Junta de Andalucía. Una vez registrado, se otorga una licencia de funcionamiento o actividad, que valida legalmente la instalación de los sistemas contra incendios, y que además implica la obligación de realizar un mantenimiento periódico para asegurar su correcta operatividad a lo largo del tiempo.