Siempre que me encargan una ITE, me dirijo a la visita de toma de datos y de trato directo con decenas de vecinos, con el hándicap probable de tener que revertir una situación de ligera desconfianza sobre el significado de este estudio. Por no hablar de que a pesar de ser un profesional independiente, sin relación alguna con la administración, se me relaciona con técnicos del Ayuntamiento, mandados por un Gran Hermano a complicar la apacible vida de la comunidad de propietarios.
La Inspección Técnica de Edificios – como otros muchos trámites relacionados íntimamente con la burocracia – es vista como un requisito a cumplir para que la Ley no se les eche encima a los dueños de un edificio. Es más, hay un buen porcentaje de casos en los que lo primordial para las personas afectadas es pasarla por encima de cualquier otra consideración.
Así, uno se puede encontrar en una visita a un edificio, de rebote con una comunidad vecina de propietarios muy contenta porque “su edificio no presentaba deficiencias”, y luego en una inspección muy rápida de cuatro temas principales, resulta que el anterior técnico había pasado de puntillas por la finca, mirando para otro lado.
Así que uno termina reportando dos edificios de golpe, el esperado y el inesperado.
Normativa de la ITE
Una inspección técnica de edificios en absoluto es un trámite con el que la entidad correspondiente (llámese Gobierno, Generalitat o Agencia de Vivienda) obliga a los propietarios a gastarse dinero en un profesional experto en arquitectura y patologías. Una ITE es una oportunidad para salvar vidas, como bien repiten expertos en el sector.
Cuento por docenas las ocasiones en las que vicios desapercibidos durante años han sido revelados con sencillas acciones de fuerza, fenómeno que si lo situamos en revestimientos de fachada inestables, suponen un peligro tremendo para los transeúntes. Instalaciones en mal estado o anillos de agua compartiendo espacio con cuadros eléctricos, elementos de fibrocemento en situaciones manipulables con signos evidentes de deterioro, humedades de años que jamás han sido reparadas y que están afectando poco a poco la estructura del edificio.
Sanciones por ITE desfavorable
Es cierto que en ocasiones el canal de comunicación entre las autoridades y el ciudadano no está lo suficientemente bien tratado. Yo, como arquitecto, ejerzo en Cataluña, y muchos clientes me explican que las cartas de aviso que reciben por parte del Departamento de Vivienda de la Generalitat les suenan algo duras y no predisponen particularmente de forma positiva.
Veamos el siguiente párrafo:
“La inspección técnica de edificios está regulada por el Decreto 67/2015, y el incumplimiento de la obligación de pasarla es una falta grave, según dispone la ley del derecho a la vivienda, y puede comportar sanciones entre 9.000 y 90.000 euros, especialmente en el caso de que se produzca algún incidente que afecte a bienes o personas”.
No cabe duda de que esto es una verdad irrefutable, pero en la mente del ciudadano no experto en estas lides, el mensaje es de amenaza sancionadora. Y no debería ser así. Repito que cualquier profesional de la inspección técnica debe tener entre ceja y ceja realizar una visita exhaustiva para salvar vidas. Ése es el leitmotiv del trabajo. Las consecuencias de una ITE desfavorable no deberían ser vistas como un lastre que ocasionará derramas, sino como la puerta de salida de escape de algún problema serio del edificio que se ha logrado prever.
Insisto en un dato estadístico aplicable a la globalidad. En un 20-30% de los edificios que inspecciono invariablemente encuentro deterioro de elementos de fachada que podrían desembocar en desprendimiento, con un porcentaje en peligro inminente de caída. De hecho, estos últimos los acabo, siempre que me sea posible de manera manual, arrancándolos yo. Imagínense que en un año 20.000 edificios pasan la ITE en Cataluña. Entre 4.000 y 6.000 estarían en situación de peligro por desprendimiento, con lo cual, el simple hecho de que la diagnosis de edificios sea obligatoria puede haber salvado miles de vidas. Varios pueblos enteros. Convendrán conmigo en que no hay dinero o prevención que pague eso.
El día en que – como muchos expertos en estrategia empresarial aseguran – dejemos de preocuparnos por el dinero como un objetivo para desempeñar una labor, y sea ésa la labor objeto de nuestra existencia porque consideramos que estamos especialmente dotados para ella, ese día convenceremos con mayor facilidad a los clientes de que la ITE no es un trámite, sino una oportunidad.
En mi caso, no escatimo esfuerzos para hacer ver a los propietarios de la importancia extrema que supone la inspección, y recalcar que el informe y el registro en Vivienda no es el fin, sino el resultado de un proceso de concienciación producto de un diálogo incesante entre técnico y usuarios.
Consecuencias de no pasar la ITE
Las consecuencias de no pasar la ITE no son de recibir una multa de 9.000 ó 90.000 euros si se produce un incidente que afecte a bienes o personas. Las consecuencias de no pasar la ITE pueden ser que un trozo de cornisa se desprenda de súbito y caiga encima de un transeúnte, con tan mala fortuna que éste fallezca.
Es infinitamente mejor que la ITE salga desfavorable que no llegue a salir. Una ITE desfavorable es el primer paso a arreglar el edificio con la mejora de calidad de vida de los usuarios. Las consecuencias de una ITE desfavorable, como mucho, serán crear un fondo de dinero comunitario para solventarlas. Si la deficiencia es muy grave, las consecuencias serán salvar las vidas de los usuarios del edificio con medidas inmediatas de desalojo.
Si realizamos nuestro trabajo con una actitud de interés extremo por cuidar la salud y preservar las vidas de los usuarios de la comunidad, pronto llegará el momento en que el temor por una multa desaparezca y se apueste por afrontar que muchos edificios necesitan una puesta a punto. Si demostramos que estamos en un edificio para trasladar todo nuestro saber y experiencia en pro de mejorar la calidad de vida de los demás, esa desconfianza inicial quedará en muchos casos, olvidada.
No pensemos en sanciones, sino en las personas.
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