División horizontal
en Melilla

La división horizontal es un proceso legal mediante el cual se fracciona un inmueble en varias unidades independientes, conocidas como elementos privativos, y zonas comunes para su uso y disfrute por parte de los distintos propietarios. Este procedimiento es habitual para convertir un edificio entero en varios apartamentos o locales. Para realizarla y registrarla en la provincia de Melilla, se deben seguir unos pasos determinados:

1. **Redacción de la División Horizontal:** Es imprescindible contar con la asistencia de un arquitecto o técnico competente que elabore un proyecto de división en el que se describen las distintas unidades del edificio, así como sus cuotas de participación correspondientes y la descripción de las zonas comunes. También debe redactarse una escritura de división horizontal, lo cual normalmente es realizado por un notario.

2. **Aprobación de la comunidad de propietarios:** Si ya existe una comunidad de propietarios, la división horizontal debe ser aprobada por la junta de propietarios mediante mayoría cualificada o, en algunos casos, de forma unánime.

3. **Otorgamiento de la Escritura Pública:** Una vez redactado el proyecto y aprobado por los propietarios, se debe otorgar la escritura pública de división horizontal ante notario. Dicha escritura debe incluir el título constitutivo y la descripción de cada uno de los elementos privativos y su anejo de zonas comunes.

4. **Registro en el Registro de la Propiedad:** La escritura pública debe ser presentada en el Registro de la Propiedad correspondiente, en este caso en la provincia de Melilla, para su inscripción. El Registro examina la legalidad de los documentos y, si todo es correcto, procede a su inscripción, otorgando a cada unidad independiente su propia referencia catastral y folio real. Este paso es imprescindible para que la división horizontal tenga efectos jurídicos frente a terceros.

5. **Pago de Impuestos y Tasas:** Se deben abonar los impuestos que correspondan, como el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) y cualquier otra tasa impuesta por la legislación local o autonómica.

Es importante remarcar que cualquier error en este proceso puede conllevar problemas legales para los propietarios, por lo que se sugiere contar siempre con el asesoramiento de profesionales especializados en la materia.