Ingenieros o instaladores especialistas en legalización de instalación contra incendios en Navarra

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La legalización de instalaciones contra incendios en la Comunidad Foral de Navarra es un proceso reglamentario indispensable para garantizar la seguridad de las personas y de los bienes frente al riesgo de incendio. Tal proceso se rige por las normativas tanto nacionales como autonómicas, que establecen los criterios técnicos y administrativos para la instalación y el funcionamiento de estos sistemas de protección.

Para iniciar el proceso de legalización, es necesario elaborar un proyecto técnico que cumpla con las regulaciones aplicables, como el Código Técnico de la Edificación (CTE) y el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, si aplica. El proyecto debe ser redactado por un técnico competente y debe contener detalles del diseño, cálculo, ubicación y características de los equipos contra incendios, como detectores de humo, hidrantes, extintores, alarmas, sistemas de rociadores automáticos, y caminos de evacuación, entre otros.

Una vez el proyecto esté completo, debe ser presentado ante la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 del Gobierno de Navarra para su revisión y aprobación. Si se ajusta a las disposiciones legales, se procede a la concesión de la Licencia de Instalación. Posteriormente, una vez ejecutada la instalación, el técnico responsable emitirá un certificado de instalación, el cual también debe ser presentado ante la misma autoridad competente.

Antes de poner en marcha la utilización de la instalación contra incendios, y como paso final, se debe pasar una inspección de comprobación para que el organismo de control autorizado verifique que la instalación se ha ejecutado conforme a lo aprobado en el proyecto. Una vez superada la inspección, se otorgará el acta de puesta en servicio que acredita la legalización de la instalación.

Es crucial mantener todas las instalaciones contra incendios en perfecto estado de funcionamiento y realizar las revisiones y mantenimientos periódicos requeridos por la normativa vigente, cuya responsabilidad recae en el titular de la actividad. La no conformidad con estos procesos puede implicar sanciones e, incluso más grave, poner en riesgo la vida de las personas.

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