Legalizar cerramiento de terraza en Huelva

Legalizar el cerramiento de una terraza en el municipio de Huelva requiere seguir una serie de pasos acordes a la normativa urbanística vigente y cumplir con las obligaciones que el Ayuntamiento establece para este tipo de modificaciones estructurales. En primer lugar, es fundamental verificar que la acción que se desea llevar a cabo está permitida por la comunidad de propietarios, en caso de tratarse de un edificio en régimen de propiedad horizontal.

Tras obtener la aprobación de la comunidad, el siguiente paso es elaborar un proyecto técnico que será realizado por un arquitecto o aparejador colegiado. Este proyecto debe incluir los planos detallados del estado actual de la vivienda y los cambios que se quieren ejecutar, asegurándose de que se cumplan las ordenanzas municipales y que no se afecte negativamente al medio ambiente, al patrimonio urbano o a los derechos de terceros.

Una vez esté listo el proyecto, se debe presentar en la Gerencia Municipal de Urbanismo para solicitar la correspondiente licencia de obra. Este trámite puede conllevar la presentación de otra documentación adicional, como puede ser un estudio de seguridad y salud o una evaluación de impacto ambiental, según sea el caso.

También es recomendable prever los costos que supone este proceso legal, que no solo involucran los honorarios del técnico sino también las tasas municipales por la tramitación de la licencia de obra y, en ocasiones, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Tras obtener la aprobación y la licencia de obras, es posible proceder con la construcción del cerramiento, siempre bajo la supervisión de un técnico competente. Es importante recordar que una vez finalizadas las obras, se debe comunicar al Ayuntamiento para que se realice la inspección correspondiente y, en consecuencia, actualizar los datos del Catastro y cualquier otro registro que sea necesario.

El no cumplimiento de estos requisitos legales puede acarrear sanciones y la exigencia de restablecer la legalidad urbanística, además de posibles problemas al intentar vender o hipotecar la propiedad en el futuro.