Legalizar instalación eléctrica
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¿Cómo obtener la legalizar instalación eléctrica en Islas Canarias?
El proceso comienza con la contratación de un instalador autorizado. Este profesional es el encargado de ejecutar la obra siguiendo las directrices del REBT. Una vez que la instalación ha sido completada, el instalador debe elaborar el certificado de instalación eléctrica, también conocido como boletín eléctrico o certificado de instalación de baja tensión. Este documento es una declaración responsable donde el técnico certifica que la instalación cumple con todos los requisitos técnicos y de seguridad establecidos.
El siguiente paso es presentar este boletín ante la consejería competente o el organismo que designe el gobierno autonómico canario, acompañado de un proyecto técnico si la instalación así lo requiere, como es frecuente en casos de nuevas instalaciones, ampliaciones o reformas importantes. Habitualmente, se requerirá el pago de tasas por el trámite de legalización.
Una vez se haya presentado la documentación necesaria, el proceso sigue con una revisión y, si es necesario, una inspección por parte de la entidad correspondiente. Tras la verificación del cumplimiento de la normativa y la adecuación de la instalación, se procede al registro de la misma en el órgano competente, lo que otorga legalidad a la instalación y permite proceder con el contrato de suministro eléctrico.
Es fundamental no omitir este proceso de legalización, ya que tener una instalación eléctrica no registrada puede conllevar a sanciones, y lo que es más importante, podría representar un riesgo para la seguridad de las personas y los bienes. Además, en caso de incidente, las compañías aseguradoras podrían rechazar cubrir los daños si la instalación no está legalizada. Por tanto, es un trámite imprescindible tanto por seguridad como por cumplimiento legal.
¿Cuánto cuesta realizar la legalizar instalación eléctrica en Islas Canarias?
Se han solicitado 1.034 presupuestos de legalizar instalación eléctrica. El precio mínimo son 600€ y el precio máximo son 8000€, a los que hay que sumarle el IVA y las tasas administrativas de registro, que varían dependiendo de la comunidad autónoma.
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