Tasación pericial contradictoria en Teruel

La Tasación Pericial Contradictoria es un proceso a través del cual se busca resolver discrepancias entre la administración tributaria y el contribuyente respecto al valor de un bien o derecho, que ha sido objeto de valoración en el ámbito de determinados tributos, como el de Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones, Donaciones o Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal) entre otros.

Para iniciar una Tasación Pericial Contradictoria en Teruel, o cualquier otra localidad en España, el contribuyente primero deberá haber mostrado su desacuerdo con la valoración administrativa, generalmente mediante la presentación de alegaciones en el proceso de comprobación de valores. Si la administración mantiene su valoración tras las alegaciones, el contribuyente puede solicitar la Tasación Pericial Contradictoria.

El proceso comienza al presentar la solicitud correspondiente ante la Delegación de Economía y Hacienda de Teruel, instando el procedimiento. En la solicitud se debe hacer una propuesta de tasación, justificada técnicamente por un perito de su elección, aportando además la tasación por la que el contribuyente estima debería tributar.

Una vez aceptada la solicitud, la administración tributaria designará a su propio perito para que realice una nueva valoración. En caso de que persista el desacuerdo entre las valoraciones del perito de la administración y el perito designado por el contribuyente, se sorteará un tercer perito para que establezca con su valoración el valor definitivo.

Es relevante que el contribuyente tome en cuenta que al solicitar la Tasación Pericial Contradictoria deberá abonar la liquidación correspondiente al valor inicialmente establecido por la administración, sin perjuicio de que, una vez concluido el procedimiento, si la valoración es menor, se rectifique dicha liquidación y se devuelva la cantidad pagada de más con intereses de demora.

El procedimiento de Tasación Pericial Contradictoria es una vía que permite al contribuyente una segunda opinión calificada sobre la valoración de su bien, en búsqueda de un acuerdo justo y equitativo para ambas partes, en base a criterios técnicos objetivos.