¿Cómo debe orientarse el ‘céntimo verde’?

Ante la previsible aprobación del Ministerio de Industria de una nueva batería de medidas en el sector energético en las próximas semanas, Greenpeace insta al Gobierno a que actúe con responsabilidad para evitar más fiascos, como el cometido con las energías renovables con el Real Decreto 1/2012, y que aproveche la oportunidad para solucionar conflictos como el del carbón.

En este sentido, Greenpeace considera que las compañías energéticas deben contribuir a salir de la crisis y para ello el Gobierno debe adoptar medidas para evitar la remuneración excesiva que reciben las centrales nucleares y las grandes centrales hidroeléctricas a causa del sistema marginalista de formación de precios en el mercado eléctrico. Esta es una perversión del sistema que conduce a inflar significativamente el déficit tarifario y, además, genera presiones del lobby eléctrico para mantener a toda costa en funcionamiento, más allá de su vida de diseño, un parque de centrales nucleares ya amortizadas, muy envejecidas y peligrosas.

Asimismo, se apoya la implantación de una tasa ambiental de carácter finalista (el llamado "céntimo verde") sobre los carburantes siempre que ese dinero sirva para promover la eficiencia energética y las energías renovables. Para la organización ecologista no sería aceptable que Hacienda destinara los 1.500 millones de euros que tiene previsto recaudar con esta medida a otros fines. Por el contrario, Greenpeace rechaza la imposición de cualquier tasa a la producción de electricidad renovable, y reitera la necesidad de abandonar los subsidios a los combustibles fósiles y abordar la adecuada reconversión del sector del carbón.

"El gobierno debería fijarse en la apuesta por las renovables y la eficiencia energética que están haciendo potencias industriales como Japón, Alemania, Bélgica o Suiza que han decidido decir no a la energía nuclear y apostar por las energías limpias lo que contribuye a la creación de empleo y al desarrollo tecnológico de estos países", ha declarado Carlos Bravo, responsable del Área de Energía y Cambio Climático de Greenpeace.

Lo dice también la propia Comisión Europea (CE), que se ha mostrado muy crítica con el Gobierno Español en su “Evaluación del programa nacional de reforma y del programa de estabilidad de ESPAÑA para 2012”. Por ejemplo, el documento asegura que: “La suspensión de las ayudas a las energías renovables desalienta la inversión en el sector y hará difícil que España alcance sus objetivos energéticos y climáticos en el marco de la Estrategia Europa 2020. Por otra parte, con una menor proporción de energías renovables, la dependencia de España de la energía importada aumentaría respecto de la tasa actual del 79% (que es ya muy superior a la media de la UE, del 54%)”.

La Comisión también afirma que: “Una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas, o al mantener la concesión de subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente a las minas de carbón. Estas medidas no se han traducido en menores precios, por lo que obstaculizan el crecimiento económico.”

Además, Greenpeace considera que:

• • -Es necesaria la creación de un marco regulador definido, previsible y estable, con rango de ley, para las energías renovables y la eficiencia energética, para hacer atractivas las inversiones y asegurar el cumplimiento de los objetivos. Hay que analizar qué tecnologías renovables deben ser remuneradas en libre competencia y cuáles necesitan, aunque sea de modo transitorio, una remuneración adicional para ser viables.

• • -Es preciso, pensar en una distribución independiente puede facilitar el desarrollo de las renovables y la implantación de redes inteligentes que, junto con el recorte a la remuneración de la generación convencional, den lugar a un suministro eléctrico más eficiente y a una industria competitiva. Tiene que haber una separación jurídica real de los negocios de la generación, distribución y comercialización de la electricidad.

• • -La remuneración del suministro energético debe incluir todos los costes que ha supuesto, incluidos los costes ambientales.

• • -Hace falta una planificación y gestión integrada de los sistemas eléctrico y de combustibles (biogás e hidrógeno) para facilitar la incorporación creciente y de forma eficiente de la energía renovable y optimizar las infraestructuras existentes.

Fuente texto: www.ecoticias.com – Fuente imagen: http://www.in-formatzen.com

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