Tenemos un parque de viviendas muy precario desde el punto de vista energético. Si de algo han servido estos dos primeros meses de certificaciones energéticas es para confirmar lo que hasta ahora era un secreto a voces: las viviendas construidas en España durante décadas son muy poco sostenibles energéticamente hablando. Es decir, consumen mucha energía y emiten mucho CO2 a la atmósfera.
La etiqueta energética clasifica al inmueble en función de estos dos parámetros asignándole un color y una letra. Del verde al rojo y de la A, a la G (como muestra la imagen superior), según sea su consumo energético. La A es la calificación más alta – mayor ahorro- y la G, la más baja -mayor gasto-. Nuestro parque de viviendas -fundamentalmente las construidas antes de 2007-, a tenor de los resultados, tiene un color bastante anaranjado.
“En dos meses he realizado 90 certificaciones en la Comunidad de Madrid y solamente he obtenido la letra D en dos ocasiones. El resto han sido letras E y F”, apunta el arquitecto José Manuel Lara. Una situación muy parecida a la que ha vivido Almudena Gancedo en la Comunidad Valenciana. “En mi caso he conseguido muchas letras F y G y porque no hay más letras por debajo. Tenemos un parque de viviendas muy precario”, se lamenta.
El 85% de las certificaciones realizadas hasta ahora han obtenido letras E, F y GNo se trata de casos puntuales. A nivel estatal, Certicalia.com, plataforma encargada de poner en contacto a técnicos y particulares, señala que aproximadamente el 85% de las certificaciones realizadas hasta ahora han obtenido letras E, F y G. Apenas un 11% la letra D, y ni siquiera un 3% las letras A, B o C.
“Algunos propietarios se asustan al recibir una E porque piensan que están por debajo de la media. No deben llevarse esa impresión. Aproximadamente la mitad de los certificados realizados tienen una calificación E. Es la más habitual”, explican desde esta plataforma. “Las viviendas que se están certificando son todas anteriores a 2007. Es decir, anteriores al Código Técnico de la Edificación. Esto significa que hasta 2007, las viviendas se construían sin una normativa que estableciese los requisitos mínimos de ahorro de energía. Por lo que a la hora de elegir un piso, una letra E no debe considerarse una mala calificación, de hecho es la calificación más numerosa en nuestro país. Los pisos que estén entre las tres mejores calificaciones A, B y C serán probablemente edificios construidos más recientemente”.
La revisión de las certificaciones tardará meses en llegar
Revisar que estas certificaciones están bien hechas, que la letra E de un inmueble no es una D o una G, todavía tardará varios meses en llegar y no se producirá al mismo tiempo en todas las comunidades autónomas puesto que hay muchas diferencias entre la agilidad y la forma de trabajar de unas y otras. En algunas comunidades solamente se está solventando defectos de forma: que esté firmado por él, que la dirección del inmueble sea correcta, que se haya aportado toda la documentación necesaria… o que el técnico esté habilitado para emitir certificaciones energéticas.
«Si se emite una nota igual a C o superior entra en juego la entidad de control de cada comunidad autónoma, que deberá cotejar datos y comprobar que la etiqueta de ese inmueble es la adecuada. Si no es así, si el inmueble ha obtenido una calificación superior, existen sanciones y responsabilidad civil y ambas siempre recaerán sobre el que emite el certificado, que es quien ha hecho mal su trabajo», explicaba recientemente el arquitecto Jordi Torrijos. Aunque también puede suceder que la calificación obtenida sea mala y con el tiempo se demuestre que el inmueble en cuestión era más eficiente de lo que recoge la etiqueta y por tanto, el propietario pueda reclamar al profesional que emitió el certificado y pedirle una compensación económica».
Este tipo de inspecciones todavía están en el aire y se desconoce cómo será la forma de proceder de muchas comunidades. Algunas no descartan realizarcontroles aleatorios mientras que en Navarra, por ejemplo, tal y como recoge su decreto, prevén en un principio revisar solamente las viviendasque hayan obtenido las letras A o B.
«La ley permite que se haga mal»
Son muchos los profesionales que consideran que el mercadeo generado en torno a la certificación energética, con precios muy bajos que en muchas ocasiones ni siquiera cubren los gastos de desplazamiento del técnico, podrían estar generando que muchas vivienda se estén calificando a la baja. Una práctica que, sin embargo, permite la propia ley.
«El real decreto permite al profesional hacer mal su trabajo. Le permite dar una G a un inmueble y no ‘mojarse’ si en un futuro un cliente le reclama», lleva varios meses denunciando Almudena Gancedo. «Es como si tú ofreces un servicio de transporte y un cliente quiere ir de Sevilla a Madrid. Puedes llevarle de un punto a otro, pero no es lo mismo ir en un Seiscientos que en un Mercedes. Pues con los programas de certificación energética pasa lo mismo».
«No es lo mismo utilizar el procedimiento simplificado de los programas diseñados para emitir estos certificados por los que un profesional puede cobrar 80 euros que el procedimiento general que exige un mayor esfuerzo, tiempo y dedicación por su parte», añadía Antonio Diestro, arquitecto técnico malagueño, miembro también del grupo ticAT.
Estas inspecciones, mucho más específica se presentan, sin embargo, en un horizonte todavía lejano y en muchos casos, será un servicio que las comunidades se verán obligadas a externalizar ante la falta de recursos tanto económicos como de personal. Algunos expertos no descartan que para sufragar los gastos derivados de la revisión de esas calificaciones se recurra a una tasa.
Recordemos que registro del certificado energético es gratuito en la mayoría de las comunidades aunque muchas no descartan cobrar en un futuro. Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Navarra, La Rioja, País Vasco y Valencia no cobran por la tramitación. No obstante, el coste de las tasas varía dese los 3€ en Castilla La Mancha o los 22,45€ de Extremadura. En Baleares el coste es de 4,78€, en Murcia 7,57€ y alrededor de 12€ en Galicia donde es variable. “Cada gobierno autonómico ha desarrollado diferentes métodos de registro, tanto en la documentación a visar como en las tarifas que cobran por la inscripción de cada certificado”, apuntan desde Certicalia.com.
