Ingenieros o instaladores especialistas en legalizar instalación eléctrica en Aragón

La legalización de instalaciones eléctricas es un proceso fundamental para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente. En la Comunidad de Aragón, como en el resto de España, este procedimiento se encuentra regulado y es de carácter obligatorio para poder hacer uso de la instalación con todas las garantías legales y técnicas.

Para iniciar el proceso de legalización, es necesario que la instalación eléctrica sea ejecutada por un instalador autorizado que cumpla con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Una vez finalizada la instalación, el técnico debe elaborar el 'Boletín de Instalaciones Eléctricas', también conocido como Certificado de Instalación Eléctrica (CIE) o informe de instalación, que es el documento que acredita que la instalación se ha realizado siguiendo los parámetros de seguridad establecidos.

El siguiente paso es presentar este boletín ante la empresa distribuidora de electricidad correspondiente o ante un organismo competente de la Comunidad de Aragón. Este organismo puede ser el Servicio Provincial de Industria, Energía y Minas o una entidad colaboradora autorizada que actúe en representación de la administración.

Además del boletín, deben presentarse una serie de documentos adicionales como el proyecto técnico (si aplica), el acta de inspección de la instalación y otros documentos que puedan ser requeridos según la complejidad de la instalación.

Una vez entregada la documentación, se procede a la revisión y, si todo está en orden, se emite una autorización de puesta en servicio. Esto faculta a la empresa distribuidora para realizar el contrato de suministro y proceder con la conexión de la instalación a la red eléctrica.

Es importante recalcar que este proceso garantiza la seguridad tanto para el usuario final como para el sistema eléctrico en su conjunto, evitando así posibles accidentes o averías derivadas de una instalación no reglamentaria. Además, contar con una instalación legalizada evita sanciones y garantiza el derecho a un suministro de calidad.