Legalizar vivienda
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¿Cómo obtener el legalizar vivienda en Guadalajara?
Para comenzar la legalización, el primer paso es acudir al Ayuntamiento correspondiente al municipio donde se ubica la vivienda y solicitar información sobre la situación urbanística de la propiedad. En algunos casos, si la construcción es antigua y no ha sido sancionada ni está en un suelo protegido, podría acogerse a la figura del asentamiento irregular que permite la regularización tras un periodo establecido por la ley, generalmente años después de su construcción.
El propietario deberá presentar un proyecto de legalización redactado por un técnico competente, generalmente un arquitecto, que describa la vivienda y demuestre que cumple con la normativa urbanística actual. Este proyecto debe ser aprobado por el órgano municipal correspondiente.
Además, se tienen que pagar las tasas establecidas para la concesión de la licencia de obra que se debió obtener previamente, más una sanción económica si se impone. Una vez abonada la multa y con el proyecto aprobado, el Ayuntamiento puede conceder la licencia que regulariza la vivienda.
Es importante mencionar que no todas las viviendas pueden ser legalizadas. Aquellas que se encuentren en suelo no urbanizable de especial protección, por ejemplo, tienen muchas posibilidades de no conseguir la legalización. Además, si se ha iniciado un expediente sancionador por la construcción ilegal, hay que seguir ese procedimiento legal hasta su resolución.
Por último, una vez obtenida la legalización, es recomendable inscribir la situación actualizada de la vivienda en el Registro de la Propiedad para garantizar su situación legal frente a terceros. En cualquier caso, contar con la asesoría de un abogado especializado en urbanismo puede ser de gran ayuda para navegar la complejidad de este tipo de procedimientos.
¿Cuánto cuesta realizar la legalizar vivienda en Guadalajara?
Se han solicitado 44 presupuestos de legalizar vivienda en Guadalajara . El precio mínimo son 350€ y el precio máximo son 3000€, a los que hay que sumarle el IVA y las tasas administrativas de registro, que varían dependiendo de la comunidad autónoma.
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