Impugnación de acuerdos comunidad de propietarios en Asturias

Para impugnar los acuerdos adoptados en una Junta de Propietarios en la provincia de Asturias, los pasos a seguir están enmarcados dentro de lo dispuesto por la Ley de Propiedad Horizontal, aplicable en todo el territorio español, incluida Asturias. Los propietarios deben estar atentos a los plazos y requisitos legales para llevar a cabo una impugnación eficaz.

En primer lugar, es importante saber que sólo pueden impugnar los acuerdos aquellos propietarios que se encuentren al corriente de pago de todas las deudas vencidas con la comunidad o que hayan procedido a la consignación judicial de las mismas.

Los acuerdos tomados en una junta pueden ser impugnados en los siguientes supuestos: si resultan contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad, si resultan gravemente lesivos para los intereses de la comunidad en beneficio de uno o varios propietarios, o si perjudican a algún propietario que no tenga obligación legal de soportarlo o hayan sido adoptados con abuso de derecho.

Una vez identificada la razón de la impugnación, el propietario deberá presentar la demanda ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se halle la finca, dentro del plazo de tres meses para los acuerdos contrarios a la ley o a los estatutos, y de un año si el acuerdo es perjudicial para la comunidad o para el propietario, o hubo abuso de derecho, contados desde la fecha de la junta o desde que se conocieron los acuerdos si el propietario estaba ausente.

La demanda deberá redactarse con la ayuda de un abogado y procurador, que son preceptivos en este tipo de procesos, y deberá especificar la identidad del demandante, el acuerdo impugnado, la junta en la que se tomó, los motivos de impugnación y la petición de que se declare la nulidad o anulabilidad del acuerdo.

Es conveniente, antes de proceder judicialmente, intentar una solución amistosa o solicitar una nueva Junta para tratar de revocar el acuerdo en cuestión. Esto puede ahorrar tiempo, costes y potenciales conflictos entre vecinos. Además, una comunicación clara de los motivos de disconformidad podría llevar a reconsiderar la validez de ciertos acuerdos sin necesidad de llegar a instancias judiciales.