Arquitectos e ingenieros especialistas en legalizar obras sin licencia en Valencia

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La legalización de obras sin licencia en la provincia de Valencia constituye un proceso cuya finalidad es entrar en conformidad con la normativa urbanística, obteniendo de manera retroactiva las autorizaciones necesarias que se omitieron durante la ejecución de la obra. Es un procedimiento que requiere de la intervención de varios actores y la compilación de diversos documentos. Primero, es importante contar con el asesoramiento de un arquitecto o técnico competente. Este profesional realizará un estudio de la situación actual de la construcción y su adecuación a la normativa urbanística vigente. Si las obras realizadas se ajustan a los parámetros permitidos, el siguiente paso será elaborar un proyecto de legalización, detallando los aspectos técnicos de la construcción. Con el proyecto en mano, se debe dirigir una solicitud de legalización a la oficina correspondiente del Ayuntamiento donde se ubica el inmueble. El expediente deberá acompañarse de la documentación necesaria, que comúnmente incluye planos, descriptivos y justificativos de la obra, fotografías, así como el comprobante de que no se ha iniciado ningún procedimiento sancionador por la falta de licencia. Es crucial atenerse a los plazos establecidos por el Ayuntamiento para responder a posibles requerimientos de información adicional y, en caso de que la obra no se ajuste a la normativa, es posible que tengas que acometer modificaciones o incluso llegar a demoler lo construido. Los costes del proceso son variables, e incluirán honorarios del técnico, tasas administrativas y en algunos casos sanciones pecuniarias impuestas por la administración local por el incumplimiento inicial. Finalmente, se debe esperar la resolución del Ayuntamiento. Si se concede la legalización, se emitirá la licencia correspondiente, formalizando así la situación del inmueble. Importante destacar que, en el caso de detectarse infracciones muy graves o no acordes con el planeamiento urbanístico, puede que no sea posible legalizar las obras y podría derivarse en la restauración de la legalidad urbanística, que usualmente implica la demolición de la obra ilegal.

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