Legalizar vivienda
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¿Cómo obtener el legalizar vivienda en Las Palmas?
Si la vivienda fue construida sin las licencias pertinentes o se han hecho reformas mayores sin notificar a las autoridades, será necesario presentar una declaración responsable o solicitar una licencia de legalización ante el ayuntamiento correspondiente. Este proceso implica el reconocimiento de la construcción existente y su adecuación a la normativa urbanística.
Para realizar la legalización, es aconsejable contar con la asistencia de un arquitecto o técnico cualificado. Este profesional deberá elaborar un proyecto técnico que describa detalladamente la vivienda y certifique su estabilidad y seguridad. Además, el proyecto debe mostrar que la vivienda cumple con los requisitos de habitabilidad y accesibilidad.
Con el proyecto en mano, el propietario debe presentarlo ante el ayuntamiento junto con una serie de documentos que habitualmente incluyen: escritura de la propiedad, nota simple del Registro de la Propiedad, y posiblemente certificados de no infracción urbanística o de antigüedad de la construcción, dependiendo del caso específico.
Una vez presentada toda la documentación, se inicia un proceso de revisión por parte de los técnicos municipales y, en algunos casos, puede implicar una inspección en el sitio. En última instancia, si la vivienda cumple con los requisitos exigidos y toda la documentación está en orden, el ayuntamiento emitirá una resolución de legalización que deberá ser registrada, proporcionando así un marco legal a la vivienda previamente irregular.
Es importante tener en cuenta que el proceso de legalización puede variar en función de la normativa local y autonómica, además de los detalles específicos de cada vivienda, por lo que se recomienda consultar con expertos y autoridades locales antes de iniciar el proceso.
¿Cuánto cuesta realizar la legalizar vivienda en Las Palmas?
Se han solicitado 90 presupuestos de legalizar vivienda en Las Palmas . El precio mínimo son 350€ y el precio máximo son 3000€, a los que hay que sumarle el IVA y las tasas administrativas de registro, que varían dependiendo de la comunidad autónoma.
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