Arquitectos e ingenieros especialistas en legalizar ampliación vivienda en Andalucia
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En primer lugar, es necesario elaborar un proyecto técnico que describa las obras ya realizadas o por realizar, asegurándose de que estas respeten los límites impuestos por el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) del municipio correspondiente. Este proyecto debe ser realizado por un técnico competente, generalmente un arquitecto o un arquitecto técnico, que certifique que la ampliación cumple con todas las normativas técnicas y urbanísticas.
Tras disponer del proyecto, se debe presentar ante el ayuntamiento para obtener la correspondiente licencia de obras o, en su caso, presentar una declaración responsable o comunicación previa según la normativa vigente. Si la ampliación se realizó sin los permisos pertinentes, se deberá tramitar una legalización de obras, sujeta a la posibilidad de que el ayuntamiento admita a trámite la regularización, lo que podría implicar sanciones por la falta administrativa cometida.
Una vez presentada la documentación requerida al ayuntamiento, se debe esperar la valoración por parte de los servicios técnicos municipales, quienes realizarán las comprobaciones necesarias y podrán requerir información adicional o imponer modificaciones al proyecto. Todo esto se hará con la intención de asegurarse de que la ampliación respeta la legalidad urbanística.
Si el proyecto es aprobado, se concederá la licencia de obras o se admitirá la legalización de la ampliación y, dependiendo del caso, se impondrán las tasas correspondientes. Al finalizar las obras amparadas por la licencia, se deberá solicitar la cédula de habitabilidad o la licencia de primera ocupación que acredite la adecuación de las obras a la legalidad y permita su uso efectivo como parte de la vivienda.
Es recomendable contar con el asesoramiento de profesionales en el área para guiar el proceso y evitar errores que puedan resultar en demoras o costes adicionales. Además, hay que tener en cuenta que estos procesos pueden variar levemente en función de la normativa específica de cada municipio.
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