Segregación vivienda
en Castilla y León

La segregación de una vivienda es un proceso administrativo y legal que consiste en dividir una propiedad en dos o más unidades independientes, con el objetivo de venderlas, alquilarlas o simplemente reestructurar el uso del espacio disponible. En la Comunidad de Castilla y León, al igual que en el resto de España, este proceso debe seguir varias etapas y cumplir con la normativa urbanística vigente. A continuación, se detalla cómo llevar a cabo una segregación de vivienda y su posterior registro.



1. Consulta Urbanística: Antes de comenzar cualquier trámite, es importante consultar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio donde se ubique la vivienda. Dicha consulta esclarecerá si la normativa local permite la segregación del inmueble.



2. Proyecto de Segregación: Una vez confirmada la viabilidad, se debe contratar a un arquitecto o ingeniero para que elabore un proyecto de segregación. Este proyecto deberá incluir los planos de la nueva distribución, respetando las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, y demás ordenanzas municipales.



3. Licencia de Segregación: El proyecto se presenta ante el Ayuntamiento correspondiente para solicitar la licencia de segregación. Este paso puede conllevar el pago de tasas y sujeto a un periodo de valoración por parte de los técnicos municipales.



4. Registro de la Propiedad: Una vez obtenida la licencia, hay que inscribir la segregación en el Registro de la Propiedad. Para ello, se requiere una escritura pública de declaración de obra nueva y división horizontal, otorgada por notario, que refleje las nuevas fincas resultantes de la segregación.



5. Pagos e Impuestos: Es necesario liquidar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal) y, si se genera una nueva vivienda, es posible que haya que pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), en caso de venta, o el IVA, si se trata de una promoción nueva.



El proceso de segregación es complexo y requiere de asesoramiento técnico y legal especializado para su adecuada ejecución, evitando contratiempos y asegurando que la nueva distribución cumpla con todas las exigencias normativas.